SE ENTREGAN A EUEXFUNCIONARIOS DE SINALOA Y CRECE PRESIÓN SOBRE LA 4T
La crisis política en Sinaloa escaló este fin de semana luego de que dos exfuncionarios cercanos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se entregaran voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, en medio de las investigaciones que mantiene el Departamento de Justicia por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, quienes decidieron comparecer ante autoridades estadounidenses tras ser incluidos en una investigación federal que involucra a al menos diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente relacionados con “Los Chapitos”.
De acuerdo con reportes oficiales, Gerardo Mérida cruzó la frontera por Nogales, Sonora, y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para importar drogas, presunta colaboración con grupos criminales y delitos relacionados con armas. Autoridades estadounidenses aseguran que habría recibido pagos mensuales del crimen organizado a cambio de protección e información.
Horas más tarde también se confirmó la entrega de Enrique Díaz Vega, señalado por presuntamente operar esquemas financieros y políticos vinculados al grupo criminal durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. El caso ha provocado un fuerte impacto político debido a que ambos exfuncionarios formaron parte del círculo cercano del actual mandatario estatal.
La situación ha incrementado la presión sobre Rubén Rocha Moya, quien también aparece mencionado en las investigaciones estadounidenses aunque hasta ahora no existe una orden de captura ejecutada en su contra en México. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el Gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas contundentes antes de proceder contra cualquier funcionario mexicano.
En paralelo, autoridades financieras mexicanas confirmaron el congelamiento preventivo de cuentas bancarias relacionadas con los implicados, mientras especialistas advierten que este caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y presunta infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.