Comerciantes de León denuncian agresiones y llevan sus reclamos hasta el Congreso de Guanajuato
11 de julio de 2025.– El conflicto entre comerciantes ambulantes y el gobierno municipal de León ha escalado al plano legislativo luego de los operativos emprendidos por la alcaldía para retirar a vendedores de la vía pública en la avenida Miguel Alemán y zonas aledañas, acciones que desde abril se justifican como parte de un programa de reordenamiento en la zona.
En respuesta, los comerciantes han organizado bloqueos, manifestaciones y hasta marchas hacia el Congreso del Estado para exigir respeto a sus permisos y denunciar supuestos abusos por parte de inspectores municipales, mientras cerca de 200 vendedores ya interpusieron quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos argumentando que el desalojo fue violento y sin ofrecerles una alternativa clara para continuar sus actividades.
La tensión creció aún más esta semana cuando los afectados acusaron al municipio de incumplir los acuerdos alcanzados en reuniones previas donde se había prometido revisar propuestas de reubicación, pues según los comerciantes las opciones presentadas son temporales, con costos adicionales y sin garantías de flujo comercial, lo que consideran inviable para sostener sus negocios.
Este escenario motivó un fuerte posicionamiento en el Congreso local, donde diputados de Morena y otros partidos de oposición demandaron públicamente a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez reinstalar mesas de trabajo y dar una salida digna al conflicto, pues durante la sesión de la Diputación Permanente se criticó que el ayuntamiento privilegie el discurso del “ordenamiento urbano” sin atender el impacto social y económico que padecen cientos de familias leonesas.Mientras tanto, los comerciantes desplazados insisten en mantener la presión hasta obtener una solución que les permita volver a trabajar sin miedo a nuevos operativos, pues la incertidumbre persiste y el asunto ya trasciende lo local convirtiéndose en un tema que pone a prueba tanto la voluntad política como el compromiso social de las autoridades.