Latinos exigen respeto a los derechos migrantes en EE. UU.
Estados Unidos 09 de junio de 2025.–
Las recientes redadas migratorias ejecutadas por el gobierno federal en distintas ciudades de Estados Unidos han encendido la alarma entre comunidades migrantes, defensores de derechos humanos y autoridades locales ya que las operaciones, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se concentraron en espacios laborales y zonas públicas de alta concurrencia provocando decenas de detenciones y múltiples manifestaciones ciudadanas en repudio a lo que consideran un uso excesivo del poder federal.
En Los Ángeles, una de las ciudades más afectadas, el presidente de EE. UU. ordenó el despliegue de dos mil elementos de la Guardia Nacional para reforzar la ejecución de estas medidas ya que la decisión, tomada sin el consentimiento del gobernador estatal, ha sido calificada por líderes locales como una intervención inconstitucional y un retroceso en materia de derechos civiles, lo cual, generó escenas de tensión en las calles de la ciudad con uso de gases lacrimógenos y dispositivos disuasivos para dispersar a manifestantes entre los que se encontraban trabajadores, estudiantes y familias completas.
Las autoridades estatales y municipales han manifestado su rechazo a esta estrategia federal ya que el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que podría emprender acciones legales ante lo que considera una invasión de competencias locales mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las redadas como una “campaña de intimidación” que amenaza la seguridad y la cohesión social de una ciudad que históricamente ha sido refugio de comunidades migrantes.
En el ámbito internacional, la respuesta también ha sido contundente ya que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al gobierno estadounidense para detener la criminalización de la migración y optar por soluciones basadas en la cooperación y el respeto a los derechos humanos, mientras tanto, diversas organizaciones civiles han comenzado a documentar los casos de detención arbitraria y abuso de autoridad evidenciando la necesidad urgente de replantear la política migratoria en ambos lados de la frontera.