CONGRESO DE GUANAJUATO DEJA VENCER PLAZO SOBRE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Este 30 de septiembre vence el plazo otorgado al Congreso de Guanajuato para modificar las disposiciones del Código Penal que castigan el aborto voluntario, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que el sistema de penalización vigente en la entidad es inconstitucional, por lo que, ante la falta de una reforma legislativa, el procedimiento regresa ahora al máximo tribunal del país.
El origen del proceso se encuentra en el amparo en revisión 525/2024, resuelto el 30 de abril de 2025 por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte, que declaró inconstitucionales los artículos 159, 160 y 163, así como una parte del artículo 162 del Código Penal de Guanajuato, al considerar que vulneran derechos como la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la igualdad y la no discriminación.
En un primer momento, aquella sentencia tuvo efectos para las mujeres y personas con capacidad de gestar acompañadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que promovió el amparo; posteriormente se inició el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, mediante el cual se notificó al Congreso estatal para que tuviera oportunidad de modificar las disposiciones señaladas por la Corte.
Durante este periodo se presentaron distintas iniciativas relacionadas con la interrupción legal del embarazo y se retomó la discusión dentro del Congreso de Guanajuato, sin embargo, las reformas no lograron concretarse y las disposiciones cuestionadas permanecieron sin modificaciones, de manera que el plazo concedido por la Suprema Corte llega a su término este 30 de septiembre.
El vencimiento del plazo no significa que las disposiciones desaparezcan automáticamente este miércoles, pues el siguiente paso corresponde al Pleno de la Suprema Corte, que deberá analizar y resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad; en caso de aprobarse, las normas señaladas perderían validez con efectos generales y no únicamente para las personas protegidas por el amparo que dio origen al procedimiento.
De esta manera, una discusión que durante años se ha mantenido en el ámbito legislativo de Guanajuato entra en una nueva etapa jurídica, mientras organizaciones defensoras de los derechos reproductivos han solicitado eliminar las sanciones penales y sectores contrarios a la despenalización mantienen su postura a favor de la protección de la vida desde la concepción, será ahora la Suprema Corte la encargada de determinar los efectos generales de la inconstitucionalidad que previamente estableció sobre el sistema penal vigente.